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Red Internacional

Todos juntos. Massa, de Pedro y gobernadores del norte: lobbistas del extractivismo de litio en humedales

El proyecto de Ley de Humedales consensuado por más de 300 organizaciones socioambientales está en peligro. Diputados del oficialismo, de Juntos y funcionarios de las provincias presionan en contra. Massa en el Congreso y Wado de Pedro junto a Gobernadores del Norte Grande en Estados Unidos avanzan con la agenda extractivista.

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Jueves 29 de septiembre | 13:38
Foto: Prensa Telam

El lobby de todos logró suspender para hoy el dictámen del Plenario de Comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda que tendría que haber salido el jueves pasado. La nota con firmas de los presidentes de los bloques Martinez (FdeT), Negri (UCR), Ritondo (PRO), y Stolbizer (Encuentro Federal), entre otros, solicitaron a la presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional Cecilia Moreau (FdeT), la postergación de la misma para escuchar las posiciones de los gobernadores provinciales.

La agenda impuesta por las importantes luchas socioambientales que vienen ganando las calles y territorios en distintas provincias por una Ley de Humedales construida y respaldad por un amplio sector se interpone a otra agenda, la que impulsa el Gobierno nacional y los gobernadores como Morales en Jujuy, Sáenz en Salta, Jalill en Catamarca, o Insfrán de Formosa profundizando el extractivismo como política de Estado. Si se trata de minería del litio, pesan más los dólares para pagar al FMI que proteger ecosistemas de humedales altoandinos, de los que son parte los salares.

Día a día por un dictamen de consenso a favor de las mineras

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso (FdeT), había planteado en el Plenario de Comisiones del jueves 21/9 que, a pedido del presidente de la Comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile (UCR), se pasaba a un cuarto intermedio para contar con un dictamen con el “mayor nivel de acuerdo posible”. Así se dio comienzo a una semana intensa de lobby pro minero y agroexportador contra la Ley de Humedales consensuada por organizaciones, que ya pasó por instancias de debate, que tiene los votos suficientes para contar con dictámen y tratamiento en el recinto, pero sigue teniendo trabas desde el mismo Frente de Todos.

Sin perder tiempo, el viernes 22/9, gobernadores de las diez provincias del norte promulgaron una resolución en el Parlamento Norte Grande, en la que expresan “preocupación por los Proyectos de Ley sobre supuestos mínimos ambientales en materia de humedales”, y aconsejan medidas que atenúan y limitan el accionar del proyecto acordado por las organizaciones ambientales.

Entre esas medidas, proponen una definición "racional" de humedales compatible con la producción sustentable según la Convención Ramsar (que no incluye a todos los humedales del país), ajustar el ordenamiento de humedales una vez que se lleve adelante la Ley poniendo como máximo un 20% de la superficie provincial a proteger, que el ajuste del relevamiento sea responsabilidad de las provincias, y que las provincias realicen un Inventario Provincial de Humedales.

El lunes 26/9 continuó el lobby a través de funcionarios de las provincias. Uno de ellos fue el Secretario de Minería de Jujuy, Miguel Soler, que planteó que “la Ley afectaría en forma negativa a la actividad productiva de la provincia ya que no se podrían aprobar nuevos emprendimientos, ni actividades productivas mientras no esté terminado el inventario”, y que el proyecto de humedales desarrollado por la COFEMA - Consejo Federal de Medio Ambiente es “más razonable”.

La reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería presidida por Buryaile el martes 27 también hizo su aporte. En la misma, se hicieron presentes integrantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Mesa de Enlace, especialistas del INTA y Legisladores, que se expresaron en contra de la Ley de Humedales de las organizaciones. De hecho el diputado nacional de Jujuy, Raúl Rizzoti (UCR), se pintó demagógicamente de “provinciano” para afirmar que “nada mejor que el propio lugareño cuidando el medio ambiente. Muchas veces desde un décimo piso de la ciudad de Buenos Aires se generan proyectos que no tienen en cuenta a muchos de los argentinos que viven al margen de los beneficios que dan las grandes ciudades".

El superministro Sergio Massa hizo lo suyo ayer miércoles en el Congreso y reiteró la importancia de extracción de minerales como el litio y el cobre como política de Estado y a favor de las corporaciones mineras. Mientras tanto, el Ministro del Interior Wado de Pedro, se encuentra de gira junto a los Gobernadores del Norte Grande por Estados Unidos, y luego de sacar su pronunciamiento como bloque, se reunieron con representantes del Banco Mundial para buscar inversión y profundizar el saqueo del “oro blanco” en esas provincias.

Sin Ley de Humedales, los ecosistemas de salares están en peligro

El extractivismo actual y predominante del litio es a través de las salmueras de los salares para la producción de carbonato de litio y cloruro de litio. Se realiza principalmente con el método evaporítico que genera grandes desequilibrios en esos ecosistemas de humedales altoandinos y que empiezan a estar a la vista con 30 años de extractivismo en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca.

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Según el estudio “Los humedales de la Puna: principales proveedores de servicios ecosistémicos de la región” de Andrea Izquierdo y otros especialistas, “el proceso productivo de litio conlleva el bombeo de salmuera natural desde el núcleo del salar y la evaporación de agua en las pozas de evaporación solar, donde la salmuera va aumentando su concentración…” Se estima que, para concentraciones promedio de 600 partes por millón de litio en salmueras, se evaporan alrededor de 2 millones de litros de agua. Y agrega que “estas intervenciones podrían causar una disminución del nivel de base del agua subterránea de la cuenca produciendo un descenso del agua dulce fuera de los bordes del salar, afectando potencialmente el funcionamiento y la biodiversidad en lagunas y vegas asociadas”.

En el artículo de Argento, Slipak y Puente sobre "El litio y la acumulación por desfosilización en la Argentina", de la compilación La transición energética en la Argentina (Svampa y Bernitat, 2022), se menciona que si bien no siempre se cuenta con datos precisos ya que los proyectos están privatizados, la información dada por algunas empresas da cuenta de la utilización de 653 000 litros de salmuera y 28 000 litros de agua dulce para la producción de 1 tonelada de carbonato de litio. Contemplando la proyección para el 2020 de 40 mil toneladas de carbonato de litio en la Argentina, se estarían afectando, en términos aproximativos, 26 mil millones de salmuera y 1120 millones de agua dulce de ecosistemas frágiles y humedales.

Los impactos actuales y potenciales sobre salares, vegas, bofedales, ríos y lagunas de humedales altoandinos afectan el rol clave que juegan los mismos en la regulación hídrica de sistemas frágiles de la ecorregión y la rica diversidad microbiana y biodiversidad en general, en lagunas y salares de alta relevancia para la ciencia, como mencionan los estudios. Pero también afectan la vida de familias y comunidades indígenas que se dedican a la actividad salinera artesanal y agropastoril en territorios que habitan desde tiempo ancestrales y que también se ven afectados por el avance de las corporaciones mineras y el Estado sin siquiera ser consultados.

En las calles con las organizaciones sociales ambientales y trabajadores por la Ley de Humedales

La agenda del Gobierno nacional y de las provincias avanza a favor de grandes corporaciones mineras de potencias mundiales que hacen negocios con las energías renovables y la transición energética. Multinacionales tienen ojos y proyectos puestos en el litio argentino por las mayores facilidades para el saqueo y destrucción del medio ambiente que garantizan los Gobiernos a cambio de dólares para pagarle al FMI.

No es la primera vez que los lobbistas mineros del litio, diputados y senadores del FdeT, PJ, UCR y otros, impiden que avance la Ley de Humedales. Lo hicieron en el 2013 y en el 2016 cuando tuvo media sanción en el Senado, y también en el 2020 cuando tuvo despacho de una sola comisión en la cámara de diputados, pero que el mismo Sergio Massa, se encargó de enviarla a diversas comisiones, para cajonearla.

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El cajoneo es proporcional al avance de los intereses geopolíticos por las reservas del litio en el país de países como China, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia o Alemania. En las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, las reservas comprenden alrededor de 850 mil hectáreas en salares del Hombre Muerto, Antofalla, Del Rincón, Olaroz, y Cauchari. Actualmente existen dos proyectos en marcha de extracción de litio (Sales de Jujuy y Hombre Muerto) pero en total son 40 proyectos extractivos de litio en salmueras en diversas etapas, algunos próximos a la producción como Exar en Jujuy.

El dictamen que busca el Frente de Todos de consenso a favor de los extractivistas como plantean los Gobernadores del Norte Grande, pone el peligro la posibilidad de protección de varios ecosistemas de humedales altoandinos que actualmente no fueron declarados sitios Ramsar, y que podrían quedar afuera con una leve modificatoria del concepto de humedal, además del intento de poner un techo porcentual de humedales a proteger por provincia.

Por otro lado, en esta negociación, se pretende mantener en manos de los ejecutivos provinciales que vienen entregando a las mineras los bienes naturales a gusto y piacere, para el saqueo, contaminación, y carroñeando migajas, la implementación de una Ley de Humedales edulcorada, como sucede con el uso y manejo de minerales, producto de las leyes menemistas de los 90. La conformación de un Inventario Provincial de Humedales en manos de los gobernadores, haría más sencillo elegir según criterios extractivistas cuáles proteger y de qué manera y cuáles quedarán por fuera [como los salares]. No muy distinto de lo que puede hacer Nación, si se deja en manos del Estado, y no de quienes realmente lo pueden realizar de otra manera, como especialistas del CONICET, INTA, Universidades junto a sectores ambientalistas y comunidades indígenas.

Como menciona Patricia Pintos, Doctoranda en Geografía (Universidad Nacional de La Plata) e integrante de la Red Nacional de Humedales, si avanza la propuesta de Ley de Humedales de la COFEMA se quitará el objeto de restauración de humedales y los procesos que conllevan, se eliminarán los principios de no regresión en materia ambiental y se limitarán las instancias y el acceso a la información pública. El Inventario Nacional de Humedales pasaría a ser facultativo y no una instancia legal de reconocimiento de humedales. Así, desaparece la moratoria, que suspende toda actividad que afecte al humedal hasta tanto se incorpore en el Ordenamiento Ambiental Territorial, como medida precautoria y preventiva. También se eliminaría la prohibición de actividades en humedales sin tener la autorización de autoridades competentes.

La participación no sería vinculante ni obligatoria para la decisión de comunidades indígenas, cuyo litio se encuentran en sus territorios, donde sobran testimonios y casos donde no se garantiza ni siquiera el consentimiento, previo, libre e informado, estipulado por el Convenio 169 de la OIT. Y dejaría asimismo afuera a sectores socioambientalistas en los diversos estudios de impacto ambiental.

Desde las bancas del Frente de Izquierda Unidad venimos denunciando el escándalo y manoseo con la Ley de Humedales a favor del lobby minero y agroexportador, como mencionaron los diputados del PTS FITU Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca, y venimos exigiendo el tratamiento inmediato del proyecto consensuado por los sectores ambientalistas, además de haber presentado un proyecto propio.

Es importante la más amplia movilización en las calles y coordinación de ambientalistas y trabajadoras y trabajadores y organizaciones sindicales para conseguir no sólo la aprobación de la ley de consenso y avanzar en la defensa de los humedales, sino también de una agenda ambiental, tirando abajo las leyes menemistas que posibilitan el saqueo minero, y las demandas obreras que incluya la planificación de la relación con la naturaleza desde otros criterios no mercantilistas.


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